Puntos críticos que se están
debatiendo en el proyecto de la nueva ley universitaria:
- Creación de un ente que regule, fiscalice, acredite en calidad y autorice el funcionamiento de las universidades públicas y privadas.
- Obligatoriedad de sustentar una tesis para obtener el grado de bachiller, lo que eliminaría el bachillerato automático (sí, ese que te dan ni bien terminas tus 210 créditos).
¡Queremos calidad educativa!
César Loredo Rosillo |
Apoyo que los bachilleres no
salgamos “al mercado” sin conocimiento serio de investigación, que la
elaboración y sustentación de una tesis nos da. Por suerte, nosotros llevamos
Tesis I y II, con lo cual ese impase no nos causa mayor problema. Sobre la
creación de una Superintendencia tengo serios problemas… ellos quieren elevar
la calidad educativa y sinceramente yo también. La diferencia está en que ellos
creen que van a elevarla con un ente regulador que intervenga, lo cual en la
práctica generaría una restricción de más oferta educativa que actualmente es
escasa. En la UNI ingresa 1 de 11 y en Ingeniería Civil en Ayacucho ingresa 1
de 70 (y en las privadas no ingresan todos los que pueden pagarla tampoco). ¿No
deberíamos expandir la oferta educativa en vez de restringirla? Claro, todos
sabemos que existen universidades de pésima calidad, pero justamente esas universidades quebrarían si tuviéramos un exceso de oferta. Si
tuvieras que escoger entre 4 universidades que compiten por ti, ¿te irías a la
peor? Claramente no. La competencia fuerte (que no se da cuando hay escasez de
oferta) presiona a que, en simple, o bajes precio en la misma calidad o que
eleves calidad al mismo precio. Es como si nosotros creyéramos que Apple lanzó
su Iphone porque había un ente que regulaba la calidad de los dispositivos
móviles y no por la presión competitiva (y la presión de la demanda). ¿Queremos
calidad educativa? ¡Claro que queremos! Pero el proyecto de ley se equivoca
profundamente si cree que así la vamos a tener.
Eduardo Schiappa-Pietra Nieto |
“Se atenta contra la autonomía de
las universidades”. “Es antidemocrático”. “Es volver a las medidas
intervencionistas de los 70”. “Es crear más burocracia”.
Estas son las premisas con las
que algunas universidades y la ANR cuadran líneas de defensa frente a lo que
consideran una violación a su autonomía. La ya aprobada creación de la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria has sido vista como la
primera flecha de un ataque contra el status
quo de la educación superior en el país. Y vaya que lo es, felizmente.
Lo cierto es que en el Perú
existen más de 130 universidades y ocupamos las últimas posiciones en educación
de América Latina, lo que confirma que la calidad no está en función de la
cantidad. ¿Es momento de hacer cambios? Siempre fue momento de hacer cambios.
Si los peruanos tenemos pretensiones de salir de la condición de país pobre y
lograr la tan mencionada inclusión social, la reforma de la educación debe ser
el núcleo de la estrategia para lograrlo. Sin educación de calidad nunca
seremos un país competitivo y la transmisión inter-generacional de la pobreza
se mantendrá como un círculo vicioso.
Si esta propuesta que
presuntamente viola los derechos de autonomía de la ANR, terminará con la
proliferación de universidades sin estándares mínimos de calidad, además de
subir la valla para obtener el grado de bachiller, pues yo digo que defendamos
los derechos de los jóvenes peruanos que obtienen títulos que no valen más que
su peso en cartón. La educación no es un servicio más como la telefonía o el
internet, es el pilar de cualquier país desarrollado y una herramienta
ineludible para sostener el crecimiento en el largo plazo. En un tema tan
trascendental, es el deber del Estado tomar medidas si las cosas no caminan.